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Responsable de comunicación en Indomio España
Barcelona y Budapest están dispuestas a contrarrestar el turismo de masas con medidas drásticas para salvaguardar a los residentes, logrando un difícil equilibrio entre la necesidad económica del turismo y la protección de la calidad de vida urbana.
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, ha anunciado un cambio radical: a partir de 2028 dejarán de renovarse las licencias para pisos turísticos.
La decisión llega tras semanas de protestas de los residentes, exasperados por la masificación turística y el encarecimiento de la vivienda. La ciudad, que recibió 26 millones de turistas en 2023, tiene que hacer frente a cinco veces más turismo que población residente.
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La demanda de un modelo turístico más sostenible ha cobrado protagonismo en una ciudad en la que el 68% de los alquileres han subido en la última década, lo que se ha traducido en un aumento del 40% en el precio de la vivienda.
La medida, que afecta a las actuales 10.101 licencias de pisos turísticos que expiran en noviembre de 2028, pretende liberar el mercado inmobiliario para los residentes y reducir los efectos negativos del turismo de masas sobre la calidad de la vida urbana. «No podemos permitir que un número tan elevado de pisos se destine a fines turísticos mientras los residentes se enfrentan a graves dificultades para acceder a una vivienda«, declaró Collboni.
La base jurídica de esta decisión se encuentra en un decreto aprobado por el Parlamento regional de Cataluña en 2022, que permite restringir las licencias turísticas en zonas con alta presión inmobiliaria. La medida ha recibido todo el apoyo del Gobierno español, aunque algunos consejeros creen que 2028 es una fecha demasiado lejana para solucionar un problema urgente.
No han faltado las críticas del sector turístico. La asociación Apartur, que representa a los alquileres de corta duración en Barcelona, calificó la decisión de «error» que podría reducir el turismo en un 40%, empobreciendo la ciudad y aumentando el desempleo.
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Collboni también propuso un aumento de la tasa turística para los pasajeros de cruceros, confirmando su voluntad de actuar con firmeza contra la masificación.
Mientras Barcelona planea medidas a largo plazo, Budapest ya ha dado pasos concretos. En el sexto distrito de la capital húngara, Terézváros, un referéndum prohibió los alquileres de corta duración, como los que ofrecen plataformas como Airbnb.
Con una mayoría del 54%, los residentes decidieron poner fin a los alquileres de corta duración, influidos por el aumento de los costes de la vivienda y las molestias causadas por el turismo de masas.
Terézváros, uno de los barrios más populares entre los visitantes, con más de 2.200 licencias de alquiler a corto plazo activas, ha experimentado una fuerte subida de los precios inmobiliarios, lo que dificulta la vida de los residentes.
El referéndum, que se celebró durante dos semanas, fue una reacción a la presión de las plataformas de alquiler turístico que, aunque alimentaban la economía, causaban graves problemas de ruido y residuos.
El Gobierno checo ha aprobado un proyecto de ley que permitirá a los ayuntamientos restringir los alquileres de corta duración, como los que ofrecen plataformas como Airbnb. Las nuevas medidas incluyen restricciones en el número de días que una propiedad puede alquilarse anualmente y requisitos de espacio mínimo por huésped.
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Además, los alquileres a corto plazo estarán sujetos a normativas más estrictas, incluidos impuestos locales equiparables a los de los hoteles.
Otro aspecto clave del proyecto es la creación de una plataforma llamada eTourista, donde los propietarios tendrán que registrar la información de los huéspedes. En los anuncios de los alojamientos deberá figurar un número de registro. Esta legislación pretende reducir la evasión fiscal, estimada entre el 40% y el 70% en el caso de las estancias no declaradas, con pérdidas de hasta 32 millones de euros al año. La nueva normativa podría entrar en vigor en julio de 2025.
El caso de Budapest encaja en un panorama europeo más amplio en el que el fenómeno de los alquileres de corta duración no deja de crecer.
La iniciativa de Terézváros podría sentar un precedente importante para otras ciudades europeas que intentan gestionar el auge del alquiler de corta duración.
Ciudades como Viena, Praga y Cracovia se enfrentan a dinámicas similares y podrían seguir el ejemplo de Budapest imponiendo restricciones más estrictas para proteger a los residentes y preservar la calidad de vida.
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