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Responsable de comunicación en Indomio España
Tras la nueva Ley de Vivienda establecida por el Gobierno, han aumentado en gran medida el número de alquileres temporales, cuyos contratos no están sujetos a algunas de las normas sobre la limitación de los precios o las prórrogas de los contratos. Esto ha provocado la reducción de los alquileres de vivienda habitual, algo que preocupa al Gobierno por producir un efecto contrario al esperado sobre el estado de la vivienda.
Ante esto, se están planteando algunas medidas que regulen los alquileres tanto vacacionales como de temporada, para estabilizar la situación.
Mientras que el alquiler vacacional suele ser con motivos turísticos y estar por debajo del mes de duración, el alquiler temporal puede alargarse hasta los 11 meses. Por lo general, este tipo de contratos tienen sentido cuando se hacen alquileres a estudiantes, que solo permanecerán nueve meses en la ciudad, o a personas desplazadas temporalmente a otra ciudad por trabajo, motivos familiares, etc.
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Sin embargo, este modelo de contrato de alquiler se ha extendido en los últimos meses, probablemente por no quedar bajo las mismas condiciones que el de vivienda habitual bajo la la Ley de Vivienda. Este problema afecta principalmente a ciudades como San Sebastián y Barcelona (con un tercio de alquileres de temporada sobre el total), pero también a otras zonas como Cádiz, Santander o Málaga.
Para tratar de contener esta fuga hacia el alquiler de temporada, el Gobierno planea pedir que en el contrato se justifique el por qué de la temporalidad, acreditando el motivo. Para ello habrá que establecer el tipo de situaciones que pueden considerarse temporales y aplicar una norma clara.
La idea es que este tipo de contratos también se incluyan en la plataforma digital estatal de alquileres, pensada en un principio para controlar los vacacionales.
Además de las restricciones para los alquileres de temporada, otra propuesta para regular los alquileres (en este caso los turísticos) es dar más poder a las comunidades de vecinos. Es decir, que éstas puedan decidir sobre si en el bloque se pueden o no alquilar pisos vacacionales.
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