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Sabemos que un gran tenedor es una persona física o jurídica que sobrepasa un número concreto de pisos y que estos límites se modificaron con la Ley de Vivienda de 2023. Sin embargo, las Comunidades Autónomas tienen mucho que decir sobre esta ley, ya que cada una puede aplicar de manera diferente los límites. Veamos a continuación, más allá de la consideración de gran tenedor en España, cuáles son sus límites e implicaciones concretas en Cataluña.
Gran tenedor a partir de 5 inmuebles
El gobierno de Cataluña ha decidido aplicar la Ley de Vivienda estableciendo el límite de gran tenedor en toda aquella persona poseedora de más de 5 inmuebles de uso residencial en zonas tensionadas. Este matiz es importante, ya que en España existen zonas tensionadas (en las que hay un riesgo de escasez de oferta de vivienda para los habitantes) y otras que no lo son.
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Pero, ¿cuáles son en Cataluña las zonas tensionadas?
Lo cierto es que la Generalitat de Cataluña ha establecido que toda la Comunidad es zona tensionada, sin diferenciar entre las distintas zonas. Es decir, que cualquier vivienda dentro de sus 140 municipios computa a efectos de decidir si es gran tenedor o no.
Además, cabe destacar que la vivienda habitual del propietario también se cuenta en el cómputo, por lo que una persona con una residencia habitual, otra vacacional y tres pisos alquilados ya llegaría al límite de los cinco inmuebles.
Por último, en caso de poseer un porcentaje de una vivienda, se contarán para el cómputo aquellas propiedades de las que se posea más del 50%.
¿Y qué implica ser un gran tenedor en Cataluña?
Como sucede en el resto de comunidades autónomas, ser gran tenedor tiene algunas implicaciones para los propietarios y para las condiciones de los inquilinos que habitan en uno de estos pisos:
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- Limitación de precios en los contratos de alquiler nuevos. El índice de referencia, en el caso de Cataluña, se establece desde la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
- Limitación de las subidas de precio en el contrato de alquiler.
- Cambios en las condiciones para el desahucio de personas vulnerables. En el caso de Cataluluña, los grandes tenedores están obligados a ofrecer una alternativa de alquiler social a las personas vulnerables, tendrán que hacerse cargo de los gastos de desahucio y, de no presentar la solicitud de desahucio, se enfrentarán a multas y restricciones (como el uso de su vivienda para políticas públicas durante varios años).
Por todo esto, Cataluña es una de las comunidades más restrictivas en cuanto a la consideración de gran tenedor y sus implicaciones, algo que busca el beneficio de los ciudadanos aunque puede tener algunas consecuencias negativas para los propietarios.