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Responsable de comunicación en Indomio España
Aunque aún no está aprobada y publicada oficialmente, la nueva ley contra la ocupación tiene el apoyo suficiente en el congreso para salir adelante. Si todo continúa según lo esperado, podría aprobarse de forma definitiva a mediados de este mes de enero de 2025 y publicada en el BOE. Veamos a continuación qué implicaciones tendría la aprobación de la «ley antiokupas» y qué cambios introduce con respecto a la legislación actual.
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Una de las principales preocupaciones de los propietarios de viviendas es la extensión en el tiempo de los desalojos. Con la nueva ley contra la okupación, tanto la entrada en viviendas habituales como en segundas residencias se considerará un delito de allanamiento de morada (como se recoge en el artículo 202.1 del Código Penal) y, por tanto, la Policía podrá expulsar directamente a los intrusos incluso sin verificar su identidad con antelación.
Antes de 2020 los agentes de policía tenían 48 horas para entrar en cualquier vivienda ante un delito flagrante, pero el Gobierno modificó las líneas de actuación de la policía, algo que ahora se revertiría con la «ley antiokupas».
El segundo punto importante aparece cuando los okupas ya se encuentran en la vivienda desde hace algún tiempo y por tanto la policía no puede intervenir directamente. Llega en este momento el proceso judicial para el desalojo.
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La nueva ley contra la ocupación se propone que estos procesos judiciales sean más rápidos, modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, habría juicios rápidos para los delitos de allanamiento y usurpación de morada, resolviéndose en 15 días en lugar de los 12 meses que suelen durar los procesos de media a día de hoy (pudiendo llegar hasta los 23 meses). Una diferencia sin duda notable y con gran impacto para los propietarios de viviendas.
Por tanto, esta ley contra la ocupación se basa en la rapidez tanto en el momento de la ocupación como en el juicio posterior para el desalojo y pronto podría entrar en vigor en todo el país.
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