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Responsable de comunicación en Indomio España
Las viviendas de protección oficial (VPO) son aquellas ofrecidas por la Administración Pública para facilitar el acceso a la vivienda de personas vulnerables, jóvenes u otros colectivos entre los que se quiera impulsar la compra o alquiler. Su precio es más barato que el de una propiedad normal, pero también tienen ciertas condiciones que hay que cumplir tras la compra.
A continuación te contamos las condiciones principales para vender o alquilar una VPO.
Una vez compras una vivienda de protección oficial, sí que tienes la posibilidad de venderla, pero bajo ciertos requisitos y con una causa justificada: traslado de ciudad, crecimiento de la familia o necesidades de una persona mayor. Si cumples alguna de estas causas, deberás de venderla bajo las siguientes condiciones:
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En cualquier caso, cada Comunidad Autónoma establece los procesos y reglas propias para la venta, por lo que tendrás que consultar cómo realizar la venta en tu Comunidad Autónoma de referencia, que deberá de autorizar la venta.
En el caso del alquiler, existen distintas variantes y casos en los que puede o no alquilarse una vivienda. Como norma general, la vivienda debería de ser ya vivienda libre, es decir que haya pasado el plazo establecido en que se considera VPO (que suele ser de 10 años). Sin embargo, en ocasiones puntuales podría alquilarse la propiedad antes de cumplir el plazo, previa solicitud y autorización, ante supuestos como los que mencionábamos anteriormente en los que los propietarios o convivientes tienen que cambiar de domicilio.
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En cualquier caso, el precio de estos alquileres estará regulado y no se rige por el acuerdo entre arrendador y arrendatario, sino por lo que establezca la administración.
Es fundamental informarse en la Comunidad Autónoma y administración correspondiente antes de llevar a cabo ninguna transacción, ya que de lo contrario los propietarios podrían enfrentarse a grandes multas, por no destinar la vivienda al fin para el que se adquirió.
Por ejemplo, en caso de alquileres irregulares, las sanciones pueden llegar a los 90.000 euros en algunas comunidades.
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